Estudiantes en peligro

Era enero. María estaba en la vieja oficina desde la que ejercía como rectora en un colegio público de Manizales. Los rayos del sol de las 8 de la mañana atravesaban la ventana del pequeño lugar y daban brillo a todos los papeles que reposaban en el escritorio. Los estudiantes antiguos y nuevos estaban en proceso de matrícula. Cerca de las 10 de la mañana Pedro ingresó solo, sin acudiente, a la oficina. Con un saludo breve solicitó un cupo para grado décimo.

—¿Por qué no estás acompañado de tus padres?

—No tengo papá, y mi mamá trabaja en una casa de familia a la cuál no puede faltar.

—¿Cuántos años tienes?

—18 años.

—Pero ya debiste haber terminado tu bachillerato.

—He tenido dificultades económicas que me impidieron ir al colegio, por eso perdí grado décimo.

Pedro había perdido grado décimo en otro colegio y era mayor de edad. María lo recibió. Sin embargo, desde la primera semana de clases a ella y a los profesores les llamó la atención algunos comportamientos del estudiante. “Lo sorpresivo es que, finalizando la primera semana, el muchacho fue muy bien uniformado. Generalmente los nuevos piden plazo para uniformarse y se les da hasta los primeros dos meses, es un sector muy pobre de la ciudad”.

Un mes después del inicio de clases un grupo de madres ingresó, con angustia, a la oficina de la rectora. Le relataron que sus hijos, estudiantes de grado sexto y séptimo, eran obligados a comprar marihuana por un estudiante mayor, de grado décimo, que ellas conocían porque vivía en el barrio. Sabían que era un jíbaro que realizaba profundos huecos en un barranco frente a su casa para introducir en ellos paquetes de marihuana. Las madres, además, habían visto a policías saludar al muchacho y recibirle de forma rápida y sospechosa paquetes pequeños.

Cuando las mujeres abandonaron la oficina, María habló con la coordinadora y ambas se comunicaron con el CAI del sector. El policía que respondió escuchó atento el relato.

“Venimos a conocerla, sabemos que le está contando al comandante de la Policía dónde se guarda la marihuana”. Con esa frase abordaron a María al siguiente día cinco hombres, cuando ella ingresaba al colegio. Los hombres se marcharon cuando notaron que un policía pasaba patrullando la zona.

Como si se tratara de una serie criminal María decide llevar a cabo un plan, que se le ocurre justo cuando un estudiante de grado sexto entra a su oficina para hacer una denuncia.

—María ayer me hicieron comprar marihuana. Yo tenía los mil pesitos de algo (onces) para gastar. Me tocó comprarla. Yo la eché a la basura para que no me fueran a expulsar del colegio.

—Hagamos una cosa ¿cuándo vuelven a vender?

—Los miércoles.

—El miércoles usted viene aquí y yo le entrego los mil pesos. Usted la compra, porque a usted seguro lo vuelven a obligar, y me la trae sin que nadie se dé cuenta.

Como un guión, todo salió de acuerdo a lo planeado. Con la marihuana como prueba alertó a todos los trabajadores del colegio. De inmediato revisaron las cámaras de seguridad, hablaron con otros estudiantes y descubrieron la estructura que había armado el jíbaro: obligaba a estudiantes mayores a vender la droga a estudiantes menores.

Con todas las pruebas el equipo directivo procedió a expulsar a Pedro del colegio. Además, se comunicaron con el comandante de la Policía y le contaron todo lo que había pasado.

Al día siguiente un hombre mayor entró a su oficina violando todos los protocolos del colegio. “Vea malparida, vine a decirle que la vamos a levantar, porque no tienes que echarme al muchacho de acá”.

Las amenazas no pararon. María tuvo que decirle a su esposo, quien acostumbraba a recogerla diariamente en el carro, que no volviera para que ambos no se arriesgaran. Tras meses de angustia María decidió retirarse del magisterio. Ya tenía la pensión. “Termina uno exponiendo la vida y sin poderle contar con la Secretaría de Educación porque ¿para qué? ¿Quién lo va a apoyar? aquí protegen ya sabemos a quienes, pero en estas cosas uno está totalmente desprotegido,” dice con tristeza.

María advierte que el microtráfico no solo está esperando por menores de edad a las afueras de los colegios, sino que entra por ellos para arrebatarlos del sistema educativo y de sus familias. Siente que desde el Gobierno se hace muy poco.