Duda de la entrevista. Teme por su vida. Su historia, aunque es la de muchos jóvenes menores de edad en Colombia, le puede costar mucho. Pertenece a un mundo en el que ser un “sapo” no tiene perdón.

El equipo de periodistas le asegura que guardará su identidad, tal como se había acordado previo a la cita. Roberto respira hondo. Acepta.

—¿En qué momento cambió la casa por la calle?

—Yo comencé cuando tenía 13 años. Me sacaron a la calle, desgraciadamente uno se enamora de la calle. Después perdí la confianza de mi familia y perdí la oportunidad de estar en la casa.

—¿Estuvo en algún momento vinculado con el negocio de las drogas, con una banda de microtráfico?

—Para sobrevivir en la calle toca de esa manera, o si no ¿uno cómo sobrevive? Por eso es que ahorita hay unos “chamaquitos” (niños) que empiezan a vender drogas y se creen malos, cuando realmente no saben cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, la marihuana que es lo más inofensivo, tú la vendes, pero te fumas un “porrito” y no lo pagas, te pueden matar solo por eso. Yo digo que la droga no es para todo el mundo. En la droga está la vida y la muerte.

—¿Qué labores ejercía en la banda para la que trabajaba?

—A veces me tocaba ir al centro a vender. Otras veces vendía cerca de donde vivo. Lo bueno es que uno siempre está acompañado de alguien. Lo malo es que uno nunca sabe quién le pueda hacer la trampa. Por eso vender droga es muy problemático, uno dice plata fácil, pero no.

—¿Quién se encargaba de darle los paquetes de droga?

—El jefe nos citaba a todos en un lugar, a cada uno nos repartía lo nuestro, luego él se iba. Después le rendíamos cuentas.

—Esas bandas grandes ¿se dividen en sub-bandas?

—No, los lobos siempre atacan en manada.

Y, como hicieron con Roberto, los integrantes de las bandas dedicadas al microtráfico van tras los menores como lobos tras corderos. Les hacen creer que la vida será mejor con su manada; y hay casos, incluso, en los que los obligan a hacer parte de ellos. Así, los involucran en el negocio del microtráfico para reducir las posibilidades de pérdidas de mercancía y hacerla transitar más fácil por cualquier espacio de la ciudad porque la policía no suele perseguir a niños, niñas y adolescentes.

Se trata de un fenómeno transversal al país. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre el año 2015 y noviembre de 2021, se desarticularon 441 estructuras dedicadas al microtráfico, de ellas 254 instrumentalizaban a menores de edad. Los departamentos más afectados son Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Santander.

A pesar de ser un problema que afecta a todo el país, las denuncias no suelen llegar a través de la población civil sino por medio de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, así lo manifiesta la Fiscalía General.

Para el profesor de la Universidad del Valle Leonardo Raffo López, experto en economías criminales, entender el silencio de la ciudadanía pasa por reconocer que en esas zonas donde las bandas dominan parcial o totalmente -parques, calles, barrios, cuadras-, no solamente controlan el mercado ilegal sino la seguridad y las relaciones sociales, a través de grupos preparados para la defensa de los integrantes de la banda, lo que implica amedrentar a la población y negociar con agentes de control local.

El poderío que las bandas consolidan en escenarios urbanos produce miedo y, paradójicamente, admiración de menores de edad que ven en esos grupos delictivos la posibilidad de un ascenso económico, bajo el imaginario del éxito, el reconocimiento y el dinero fácil. “Asumen roles relacionados con la recolección de información y el transporte de pequeñas cantidades de sustancias ilegales, como una forma de forjarse una carrera delincuencial al interior de dichos grupos”, explica la Fiscalía a través de un cuestionario escrito.

Daniela Suárez, experta en dinámicas criminales y actual directora ejecutiva de Fundación Ideas Disruptivas, relata que en medio de un proceso de investigación entrevistó en una cárcel a 10 jíbaros, adultos entre los 21 y los 35 años. Uno de ellos le contó que había entrado al negocio a los 11 años como campanero: se paraba en una esquina y avisaba a los otros miembros de la banda si venía alguna autoridad. Su ascenso en la organización le permitió llegar a dominar todo un sector para la venta de heroína.

Además de forjar herederos de las estructuras delincuenciales y mostrar el mundo de las drogas como un negocio próspero, el uso de menores de edad en el microtráfico es parte de una estrategia para adquirir mano de obra barata y contar con personas que enfrenten menos implicaciones legales en caso de ser aprehendidos, explica Claudia Sánchez, trabajadora social y directora técnica de Visión Mundial Internacional.

Roberto expresa al equipo que lo escucha que siente vergüenza de lo vivido. Pero liberado del miedo que manifestó al inicio de la conversación, dice que quieres seguir contando.

—¿Qué drogas debía vender?

—Perico, tusi, mucha marihuana, pepas.

—¿Cuál era la ventaja para la banda de que usted, siendo menor de edad, vendiera esas drogas?

—Ganar plata. Y la mía protección. Si les colaboraba no me iba a pasar nada, así durmiera en la calle.

—¿Alguna vez la Policía lo aprehendió?

—Una vez yo estaba con un socio (amigo) en el parque. La Policía llegó. Nos metieron una bolsa de bazuco y nosotros teníamos solo una bolsa de “perico” (cocaína). Nos cogieron como narcotraficantes y nos iban a llevar. Pero yo salí ileso porque corrí hasta la puerta del conjunto en el que vivo. Mi amigo sí fue capturado. Casi lo matan en el CAI.

—¿Qué sucedió en el CAI?

—La condición era que mi amigo me pusiera a mí en bandeja de plata para la Policía, para que a él no le hicieran nada. Él se fue de Bogotá para Villa de Leyva, a mí me dejaron sano.

—Usted menciona que a su compañero casi lo matan en el CAI. ¿Qué hizo al respecto?

—Nada. A él lo hicieron grabar un video diciendo que había sido un buen servicio y le hicieron firmar cuatro papeles. Él se vino para la casa y alistó sus cosas, me dijo que tenía que entregarme o irse. Mi familia le dio la plata para que se fuera.

Justamente Suárez asegura que lo más difícil en la lucha contra las drogas es combatir la corrupción. “El tema es que la autoridad hace operaciones para llegar a las metas que le piden. Yo he escuchado versiones de policías que dicen: ‘a mí me pedían este número o si no me castigaban y no me daban permiso para ir a ver a mi familia. Yo le pagaba 20.000 a un habitante de calle, le daba más de 20 gramos de marihuana y lo metí a la cárcel una noche para cumplir con la meta’”. Falsos operativos y resultados con los que se construye la imagen de instituciones efectivas que controlan la delincuencia.

“En el país hay funcionarios que juegan para los dos bandos, para el Estado y para grandes grupos de narcotráfico o bandas de microtráfico. Pasan información para tener el control de un lado y que siga funcionando con impunidad, y hacia arriba para que haya una falsa ilusión de operatividad ‘legal’ que realmente no existe”, concluye Suárez. Este modus operandi, perverso e histórico, ha permitido, entre otros factores, la persistencia y crecimiento casi descontrolado de estructuras de microtráfico.

* El nombre de la fuente fue cambiado para proteger su identidad.

Jóvenes entrevistados para este especial y personas mayores que ingresaron al negocio cuando tenían menos de 18 años aseguran que no suelen conocer al máximo líder de la organización y que su contacto es con quien les provee la mercancía o a quien le rinden cuentas del dinero. Así, en caso de ser aprehendidos o de ser sometidos a un proceso penal para adolescentes, es muy poca la información que pueden entregar.

Cuando menores de edad son aprehendidos prima el restablecimiento de derechos, asegura el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Pero si son mayores de 14 años y menores de 18 años ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que busca un proceso penal pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, garantizando una justicia restaurativa, de verdad y de reparación del daño por parte del adolescente.

Esto puede incluir, en algunos casos, la privación de la libertad en Centros de Atención Especializada. Según el ICBF, entre enero de 2015 y noviembre de 2021, ingresaron a estos Centros 179 adolescentes y jóvenes por casos vinculados con el tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes.

—Roberto ¿qué riesgos corre un menor de edad que decide contar lo que pasa en las bandas a una autoridad?

—Desgraciadamente en la calle a una familia no se le puede traicionar, porque se paga de una manera fea.

—¿A qué se refiere con eso?

—Cuando yo le fallé a la banda me intentaron apuñalar más de tres veces. Significa que si usted le falla a la banda pueden llegar hasta matarlo, y digamos a ti no te ponen un cartel de “se busca”. Te toman fotos y esas fotos se las mandan a el que manda en el barrio y él te busca, hasta que te encuentra.

—¿Qué error cometió usted para que ellos atentaran contra su vida?

—Sapiar, sapié quién era el vendedor a otra banda.

—¿Cómo es esa relación entre bandas, existen reglas?

—La única regla que existe en una banda es ser firme, no hablar de más. Usted ya vivió su vida y su nueva vida es la banda. Si usted habla mucho le va mal. Cualquier cosa que usted haga contra la banda es falso, y allá lo falso lo pagan con muerte.

—¿Cuántos compañeros tenía en esa banda?

—Éramos como 30

—¿En qué localidades de Bogotá se focalizaron para vender la droga?

—Solo centro, el centro era el más efectivo, cinco huecos.

—¿Por qué era el más efectivo?

—Porqué allá es donde llegan los chirris a comprar, los chirris son los que tiene más plata que todos nosotros. O sea, los habitantes de la calle, tiene mucha plata aunque no lo crean.

Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Caldas son los departamentos que en el periodo analizado presentaron el mayor número de aprehensiones de menores de edad por delitos relacionados con el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Justamente en 2021 las capitales de los tres primeros departamentos concentraron el pico de casos por los mismos delitos, en los que están involucrados mayores de edad, según información suministrada por la Fiscalía General: Medellín (4.467), Bogotá (2.408) y Cali (1.852).

En los territorios en los que operan estructuras de narcotráfico, los niños, niñas y adolescentes están más expuestos al uso e instrumentalización para el negocio del microtráfico que en otras regiones. Incluso, Medellín y Cali son parte de las regiones en las que fueron desestructuradas más bandas de microtráfico, en las que se encontraron menores involucrados.

Como se visualiza en los datos, el 90% de los aprehendidos son hombres entre los 14 y los 17 años. En efecto, estudios desarrollados por el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia dan cuenta de que los hombres, habitantes de zonas violentas con presencia histórica de estructuras criminales, tienden a vincularse más rápidamente con bandas de microtráfico que las mujeres.

Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, las familias de niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo suelen tener núcleos uniparentales, caracterizados por situaciones complejas de vulneración y falta de control parental que se refleja en dificultades en el proceso de escolarización.

También se encuentran involucrados en este negocio menores de edad con posiciones socioeconómicas cómodas. Las investigaciones que ha desarrollado Suarez evidencian que el estereotipo de quienes hacen parte de estas estructuras no corresponde exclusivamente a jóvenes sin recursos, aunque claramente son los más expuestos. “Cuando nosotros hacemos un análisis sobre a quiénes han llevado a procesos de judicialización o qué personas están en la cárcel por ese tipo de delitos, nos damos cuenta de que hay incentivos personales e incentivos perversos que hacen que ciertas personas, con niveles económicos estables y de familias con valores antidrogas, caigan en este tipo de economías”.

Se trata de un delito trasversal al país y a los diversos estratos socioeconómicos. Ya no es cuestión de grandes carteles de drogas como los que marcaron los años ochenta y noventa en Colombia. Particularmente hombres visibles con ejércitos de jóvenes que trabajaban como sicarios, reclutados en barrios marginados de ciudades como Medellín y Cali.

Actualmente, las organizaciones criminales se manejan como franquiciantes anónimos para distribuirse los diferentes procesos de la cadena del narcotráfico, generando así el narcomenudeo. Esto reduce la visibilidad ante las autoridades, lo que dificulta el rastreo y detención de los miembros de grupos que se estructuran en una red en la que los verdaderos capos no son detectables, explica Leonardo Raffo.

Sistema de redes de valor es el nombre con el que la Fiscalía General ha designado el modus operandi del que habla Raffo. Se trata de un conjunto de actividades (nodos) y unos actores (personas u organizaciones), mediados por contratos o acuerdos formales e ilegales, que tienen como finalidad garantizar un lucro financiero a través de una de las partes del proceso.

Existen estructuras claramente identificadas que lideran los eslabones de cultivo y producción dentro de esta cadena, mientras que otras lideran la distribución y comercialización, en tanto que otras se especializan en el lavado de activos. Por lo tanto, desestructurar una parte de esa cadena no es acabar con todo el entramado ilegal.

Dicho de otra manera: cuando las autoridades dan un golpe a una banda de microtráfico, no logran acabar con toda la cadena que mantenía a esa banda. La otra parte que queda buscará a una nueva bandada para comercializar. Es claro que que la cadena de producción de drogas no es estática, por el contario muta y se acomoda a las nuevas formas de mercado.

* El nombre de la fuente fue cambiado para proteger su identidad.

Del listado de países llama la atención que en los últimos seis años han sido aprehendidos 418 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana, con aumentos significativos anuales al pasar de 2 casos en 2015 a 132 en 2021. En el periodo en estudio solo se evidencia una baja entre 2019 y 2020 al pasar de 132 a 100 aprehensiones respectivamente.

Sobre el asunto hay poca información. Sin embargo, es claro que el interés de los grupos dedicados al narcotráfico es la identificación de la población vulnerable. Para Claudia Sánchez, directora técnica de Visión Mundial, la migración de personas venezolanas, en extremas condiciones de pobreza, es aprovechada porque representa mano de obra barata. En este contexto, los migrantes encuentran en la dinámica delictiva una oportunidad, pero también hay casos en los que actúan bajo amenazas y otras formas violentas.

Juan Manuel Núñez, asesor de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, asegura que entre más aislado se deje a la población migrante de los servicios institucionales o de la acogida por parte de la comunidad colombiana, más a merced de los criminales que sí actúan rápido y ofrecen protección y empleo.

Pero esto va más allá de la población migrante y retornada. Sánchez llama la atención en este punto sobre los lugares fronterizos de Colombia como espacios carentes de presencia Estatal y, por lo tanto, con dominios de estructuras delictivas. “Un ejemplo es Buenaventura (Valle del Cauca). Es un puerto, y ahí influyen muchos intereses y el control que tienen los diferentes grupos, y el peligro que representan para muchos niños, niñas y adolescentes principalmente, porque están en un bando o están en el otro, y si no pues van y los matan, y eso es una realidad”.

El asesinato de menores de edad por parte de bandas dedicadas al microtráfico es un tema del que se habla muy poco en el país. Solo en 2018, tras una manifestación en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá por el asesinato de 22 jóvenes en extrañas y diversas circunstancias, los medios se ocuparon del tema por escasos días. Entre los artículos publicados está uno del periódico El Tiempo, en el que la líder barrial Luceris Segura decía que las bandas de microtráfico tenían mucho que ver en los sucesos. Pero el asunto no cobró relevancia en las agendas políticas y mediáticas.

* El nombre de la fuente fue cambiado para proteger su identidad.

Tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el de Iván Duque han incluido en sus planes de desarrollo estas líneas de acción que se resumen, de acuerdo con Núñez, en intervención de zonas de miedo y microtráfico desde una perspectiva de seguridad e inclusión social.

Así mismo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, que funge como secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados al Margen de la Ley y Grupos Delincuenciales Organizados (CIPRUNNA), ha tomado esas recomendaciones para integrarlas a sus políticas. “Se viene impulsando el fortalecimiento técnico de las gobernaciones y alcaldías para la implementación de rutas que permitan la identificación de riesgos y el desarrollo de oferta institucional para la activación de vías de prevención del reclutamiento y uso de menores de edad”, indica esta Consejería a través de un documento a la UIP.

Súmate por Mí y Ruta Futuro son dos de los proyectos que se adelantan en el país para tratar de prevenir y frenar el reclutamiento, uso e instrumentalización de menores de edad por parte de estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico. En lo práctico, las herramientas de acción que se desprenden de esos lineamientos son integradas a las políticas de seguridad y convivencia ciudadana de cada departamento o municipio para que, según sus condiciones, sean aplicadas. Pero el desarrollo no es óptimo por la falta de capacidad tecnológica, humana, financiera y académica.

“En todas las políticas hay que incluir una línea que tenga que ver con fortalecer las capacidades en todos los aspectos, porque si yo le digo qué hacer y cómo hacerlo, pero no le doy los medios para que lo haga, grave”, dice Núñez.

Dicho de otra forma: el Estado cuenta con políticas claras y, desde el discurso, posiblemente efectivas, pero no hay recursos para aplicarlas de forma eficiente. Mientras tanto, el problema sigue expandiéndose en calles, colegios, parques, esquinas, plazas de las ciudades, incluso en las redes sociales; y también en zonas rurales donde el fenómeno empieza a expandirse. En esos escenarios, los grupos delincuenciales ofrecen a los menores de edad dádivas, motos, plata, armas, poder; solución a vidas mayoritariamente vulneradas, con pocas expectativas en el presente y futuro, frente a esto, el Estado es un responsable directo.

Detener el crecimiento de las bandas es también reducir la posibilidad de que muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes construyan sus proyectos de vida desde economías criminales. Por lo tanto, es urgente la atención y esfuerzos que el Gobierno Nacional y los locales pongan en este fenómeno que ha quedado oculto, en la trastienda de las discusiones y políticas del consumo de drogas. Como consecuencia, el tema que preocupa a las familias y a las instituciones educativas es la adicción, que no es un tema menor, pero colocar en el centro de la discusión la prevención del ingreso a bandas de microtráfico también puede salvar vidas porque tal como Roberto lo narró: en esos grupos cualquier error o paso en falso se resuelve con la muerte.

—Roberto, cómo es su vida hoy, después de luchar y esconderse para que no lo mataran.

—Cuando salgo a la calle ya no tengo que mirar si alguien me sigue. Salgo bien, con la frente en alto, sabiendo que mi vida cambió. Sabiendo que Jesucristo me perdonó. Sabiendo que pasado es pasado, presente hacia el frente y futuro de frente.

—¿Volvería a ingresar a una banda de microtráfico?

—Usted no sabe todo lo que me tocó pasar a mi para estar en esos trámites, el chinche que llegue a hacer eso, créame que le va a ir mal en su vida. No se vayan a meter a eso si quieren seguir vivos.

* El nombre de la fuente fue cambiado para proteger su identidad.